Colombia vive un nuevo capítulo en la transformación de su política de combustibles. El Gobierno Nacional ha oficializado la eliminación progresiva del subsidio al ACPM (diésel), una medida que impactará directamente en el costo del transporte de carga, los servicios públicos y, posiblemente, en los precios de los alimentos y productos básicos.
Si bien aún está sobre la mesa la propuesta, y hasta el 2 de agosto estará abierto a comentarios. Se planea que este desmonte del subsidio comience en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que en conjunto concentran el 72 % del parque vehicular objetivo y el 37% del consumo de diésel de este tipo. Aunque se dice que será solo para vehículos particulares y oficiales. No hay claridad al respecto.
Un nuevo golpe al bolsillo
El subsidio al ACPM ha sido durante años una herramienta del Estado para contener el costo del transporte de carga, que en Colombia representa una columna vertebral del sistema logístico nacional. Sin embargo, el hueco fiscal generado por estos subsidios, estimado en más de $10 billones de pesos anuales, ha puesto presión sobre las finanzas públicas.
Hasta julio de 2025, el precio del galón de ACPM subsidiado rondaba los $9.000 en varias regiones del país. Con la eliminación del subsidio, se estima que el precio real podría alcanzar entre $13.000 y $15.000 por galón, dependiendo de los ajustes mensuales y del comportamiento internacional del crudo.
¿Precio del diésel diferencial?
El Gobierno ha anunciado que el desmonte será gradual, en alzas mensuales que no excedan los $400 pesos por galón, similar a lo que se hizo con la gasolina corriente. Sin embargo, expertos señalan que el impacto será inevitable y se sentirá principalmente en el bolsillo del consumidor. Incluso afectando el transporte de carga de vehículos pequeños y livianos.
El Ministerio de Hacienda ha declarado que esta medida es «necesaria y responsable», en línea con los compromisos fiscales del país y con una transición energética que busca reducir el uso de combustibles fósiles. Para mitigar los efectos negativos, se estudian mecanismos de compensación para sectores vulnerables y transportadores formales.
Desde el gremio transportador se ha lanzado la alarma por este aumento en el combustible. Por lo cual el Gobierno ha hecho anuncios sobre la tarifa diferencial para transportadores de carga y pasajeros. Lo cual afectará solamente a los vehículos de uso particular, oficial y diplomático. Por el momento no hay una hoja de ruta para esta implementación ¿Será otra medida improvisada? … ya lo veremos.
