La Secretaría de movilidad no se rinde y modificó el sistema de fotodetección para apegarlo a la ley. ¿Recuerda que la Corte Constitucional declaró inviable un artículo sobre las fotomultas? Pues ahora si un vehículo comete una infracción ya no se impone la multa, pero se iniciará una investigación para saber quién es el infractor. En caso de no poder identificarlo, los dueños deberán estar atentos a los llamados que se les haga desde el distrito.
Los llamados de la Secretaría
Para mantener el límite de 50 km/h en Bogotá, la Secretaría de Movilidad modificó el proceso de las fotomultas, ya que se declaró inconstitucional poner la infracción al dueño sin saber quién iba manejando. El proceso ahora consiste en una citación que la entidad le hace al propietario para iniciar la investigación. Básicamente: preguntarle al dueño quién iba manejando o quién tenía el vehículo cuando ocurrió el incidente. Así que si usted sale a escondidas a hacer piques con el carro de su papá y lo pillaron, la Secretaría lo va a llamar directamente a él.
El Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aclaró que para servicio público sí aplica el cobro solidario. En el caso de los vehículos de placa blanca, la multa va para la empresa dueña del carro. Luego la empresa y el conductor arreglarán internamente quién pagará la multa. Esto deja otro vacío porque se pueden presentar abusos de parte y parte y hay que ver el contexto cuando se notificó la infracción.
Operando al margen de la ley
Este cambio que hizo la Secretaría de Movilidad al sistema de fotomultas ocurrió después de un llamado del Concejo de Bogotá para conocer en qué iba el proceso para ajustar a la legalidad al sistema de foto-detección que tantas polémicas ha suscitado. Como resultado, el secretario se pronunció y aclaró que las modificaciones del proceso buscan legalizar la imposición de multas mediante la identificación del conductor. Pero la polémica no ha muerto, pues todo el sistema de foto-detección aún no es legalizado por el Congreso de la República y ahora funciona solo a punta de decretos o medidas locales, pero no hay una normativa nacional. Según una concejal de Bogotá, María Clara Name, estas medidas son válidas para proteger la vida de los ciudadanos, pero no pueden apartarse de la legalidad nacional.
